Resumen:
El sistema penal mexicano atraviesa un momento crítico, marcado por avances
normativos, pero también por profundas deficiencias estructurales. La impunidad
continúa siendo uno de los principales obstáculos, alimentada por investigaciones
deficientes, falta de personal capacitado, limitados recursos forenses y prácticas de
corrupción en las fiscalías. Estas carencias generan desconfianza social y dificultan
la persecución efectiva de delitos, especialmente aquellos de alto impacto que
requieren indagatorias complejas y precisas. Paralelamente, la protección de los
derechos humanos se ve comprometida por prácticas como la tortura, los
testimonios débiles y el uso extensivo de la prisión preventiva, así como por
deficiencias en el sistema penitenciario y la creciente militarización de la seguridad
pública.