Efectos de la rendición de cuentas y transparencia en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Gobernación

Abstract

La búsqueda de legitimidad gubernamental ha tomado un interés mayor en los últimos años, derivado de la crisis de la administración weberiana (Arellano, 2011). Por lo cual, se ha modificado el análisis del campo disciplinario de la ciencia política y la administración pública, al incorporar nuevas teorías como la Nueva Gestión Pública. Esta teoría se basa en reformas implementadas por países como Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, a través de la elaboración de estudios relacionados con temas como rendición de cuentas y transparencia, los cuales han tomado relevancia no sólo a nivel mundial, sino también en países como México, al contemplar dichas características como una garantía del gobierno para conducir a su legitimación (Martínez, 2009). La Nueva Gerencia Pública (NGP) se entiende como un conjunto de métodos de análisis y de decisión que permiten a los gobiernos reconceptualizar sus acciones hacia una mejora de servicio (Cabrero, 2011). Dichos métodos, son el resultado de “una mezcla de técnicas tomadas de corrientes teóricas, sobre todo del institucionalismo económico y el gerencialismo de la iniciativa privada” (Martínez, 2009, p. 9). Por su parte, Cejudo (2011) menciona que las bases de la NGP son decisiones y prácticas administrativas orientadas a desmembrar los excesos burocráticos con el propósito de mejorar los resultados de actuar gubernamental. El enfoque de la NGP radica en la búsqueda para el óptimo desempeño del sector público, que tiene como objetivos principales el logro de eficiencia, eficacia y legitimidad. A través de la Rendición de Cuentas desde el enfoque de la NGP, tiene como objeto la demostración del cumplimiento de metas programadas de los entes políticos sujetos a responder y exponer las decisiones públicas además de justificarlas. Así mismo representa “el derecho a recibir información y la obligación correspondiente de divulgar todos los datos necesarios, pero también implica el derecho a recibir una explicación y el deber correspondiente de justificar el ejercicio del poder” (Schedler, 2004, p.14). Entendiendo así una relación directa entre gobierno y gobernados, para la existencia de una rendición de cuentas es necesario el interés público.

La rendición de cuentas empezó a tener relevancia en el lenguaje político cotidiano, al expresar de “manera nítida esta preocupación continua por controles y contrapesos, por la supervisión y la restricción del poder” (Schedler, 2004). Aunado a ello, la herramienta que empezó a tener auge dentro de las organizaciones públicas para lograr el objetivo de la rendición de cuentas, fue a través de la incorporación de la transparencia (Merino, 2007). Asimismo, la transparencia consta de tres dimensiones de acuerdo con Guerrero (2008): 1) transparencia para saber (la existencia de un marco jurídico), 2) transparencia para resolver (disposición de mecanismos para el monitoreo o vigilancia) y 3) transparencia para resolver en colaboración (mecanismos para la justificación de las acciones del gobierno). Estas dimensiones refieren al Estado de derecho, es decir, al marco normativo bajo el cual se dirigen y califican las actuaciones y prácticas de las instituciones públicas. Por tanto, la transparencia, tiene como función colocar la información en la “vitrina pública” (Ugalde, 2002, p.10) para los gobernados, que entable la comunicación que se requiere para rendir cuentas de su gestión. Si bien es cierto, la transparencia y la rendición de cuentas están aliadas, estas no deben confundirse (Guerrero, 2008). Es decir, son dos procesos estrechamente vinculados, este último, al centrarse en el ciudadano, requiere del primero para que éste pueda ejercer el control de la gestión pública con base, no sólo en la Rendición de Cuentas, sino también sustentándose con mejorar la información amplia sobre la gestión. Así mismo, un gobierno democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones; aunado a transparentarse para mostrar su funcionamiento y ser sujeto al análisis público para el logro de su legitimidad. En este sentido, el paradigma de “transparencia”, como obligación a cargo de las autoridades de hacer pública su información, tiene una vigencia de más de cuarenta años en México. Los términos de rendición de cuentas y transparencia se incorporaron en la Constitución Política de 1917, para detonar la obligación de los gobernantes de informar sobre sus actos y decisiones (Ugalde, 2002). Es decir, se plasmó el derecho de las personas a acceder a la información pública, lo cual implicaba un deber de rendición de cuentas por parte de todo ente público que haya

ejercido recursos públicos (Sánchez, 2019). El 7 de febrero de 2014, se llevó a cabo una Reforma Constitucional al artículo 6°, a través de la cual se incorpora en la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a los sindicatos como sujetos obligados; en lo relativo a la rendición de recursos públicos que reciben y ejercen. Si bien es cierto, el sindicato como Organización es libre y autónoma para el cumplimiento de sus objetivos, es preciso reiterar, que dicha libertad y autonomía no son sinónimos de libertinaje y abuso (Kurczyn, en Sánchez 2019). No obstante, a pesar de que el Sindicato mantiene en vigencia los principios de lucha y negociación que dieron lugar a su nacimiento en 1937 respecto a “[…] mejorar las condiciones de trabajo y de vida de sus agremiados y participar como factor de cambio y progreso en el país” (Priego & Ojeda, 1986, pág. 207), resulta importante prestar atención a los últimos dos. La rendición de cuentas constituye uno de los grandes temas que se discuten alrededor del sindicalismo mexicano. El problema no se centra en el cómo de la rendición de cuentas, sino en el diseño del sindicalismo en México, que deja de lado el principio de representatividad sindical en el cambio y progreso del país a través de la transparencia. La transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito sindical, empieza a tener un auge significativo. Lo anterior, es porque en la actualidad, no solo se considera a los sindicatos como organizaciones en pro del mejoramiento y defensa de sus intereses comunes para con sus agremiados, sino que, ahora por el hecho de recibir y ejercer recursos públicos y/o realizar actos de autoridad, también ellos deben rendir cuentas de las acciones y decisiones tomadas ante la Federación y de esta manera transparentar sus obligaciones ante la sociedad. Por ello, para la Ciencia Política y la Administración Pública, el desarrollo de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito sindical, es relevante, toda vez que, a través del estudio de la Nueva Gerencia Pública, se provee conocimiento respecto a los métodos de análisis y decisión que permiten a los gobiernos, en este caso, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Gobernación, reconceptualizar sus acciones hacia una mejora de servicio, finalidad de esta investigación.