Resumen:
En nuestra época actual y desde mediados de la década de los 90’s se ha observado un incremento en el crimen y la inseguridad nacional, situación que llevó a crear en 1994 el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que a través de políticas de seguridad pública han intentado contrarrestar y prevenir la violencia y la criminalidad suscitadas en nuestro entorno social que han alcanzado y rebasado a las mismas instituciones de seguridad pública del país.
Es por eso que en esta nueva sociedad se le ha dado gran importancia a las evaluaciones de control de confianza, situación necesaria en los últimos años, obteniendo su reconocimiento legal en las trascendentales reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Carta Magna, para el sistema de procuración e impartición de justicia emprendidas a nivel constitucional en México a mediados de 2008; destacando, entre otras, para el presente tema de investigación que: la impartición de justicia y la seguridad pública serán una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, y de la sociedad para la formación de un frente común contra la delincuencia; para dar cumplimiento a los objetivos de seguridad pública deberán regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; es así que se determina que, a ninguna persona se le podrá permitir ingresar a las instituciones de seguridad pública sino ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema; se interpondrá recurso administrativo de separación, para el tema que nos amerita, a aquéllos elementos de las instituciones policiales que no hayan presentado o aprobado dichas estimaciones; y por último, el Estado no estará obligado a incorporar a elementos policíacos en caso de terminación del servicio por cualquier causa, a un fuese injustificado.