Resumen:
La presente investigación surgió al advertir los
problemas jurídicos y prácticos que se presentan con
motivo de la aplicación de la competencia territorial de
excepción en materia penal federal.
La reflexión y análisis que se hará en los
diferentes capítulos que forman este trabajo, nos
permitirá comprobar que el legislador al crear dicha
figura jurídica, extrapoló la función del Ministerio Público
Federal, autorizándolo a que con su actividad estableciera
la competencia, no obstante de que ésta es un atributo
esencial del ejercicio de la jurisdicción, que
constitucionalmente le corresponde exclusivamente a la
autoridad judicial; por lo tanto, el Ministerio Público como
sujeto de la relación procesal en la investigación y
persecución del delito, de conformidad con el primer
párrafo, del artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, debe quedar sujeto a las
reglas de la competencia de la jurisdicción federal y no a
la inversa.
Para tal efecto, inicialmente se hace un estudio
del orden como un elemento rector del derecho que nos
servirá para ubicar, desarrollar y demostrar
razonadamente la tesis propuesta.