LA JUSTICIA PENAL EN MÉXICO: ANÁLISIS DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, RESPECTO DEL CASO FLORENCE MARIE LOUISE CASSEZ CRÉPIN, DE 2005 AL 2013.

Abstract

Es necesario que en el contexto de impartición de Justicia en México se respeten los Derechos Humanos que se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que principalmente se encuentran es su parte dogmática aunque también algunos de ellos están presentes en la parte orgánica de nuestra Carta Magna, dichos derechos se han perfeccionado a través del tiempo pero esto no significa que estos no sean vulnerados en la actualidad. En la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de junio de 2011 es la que tiene mayor importancia, ya que se realizaron modificaciones al Artículo Primero Constitucional principalmente, entre otros, de esta manera surge una nueva forma de aplicación y la obligación de las autoridades de que estos se respeten, protejan, promuevan y se garanticen dichos derechos así como sancionar en el caso de actos u omisiones emitidos por servidores públicos. Específicamente con dicha reforma al Artículo Primero Constitucional el poder Ejecutivo está obligado a incorporar los Derechos Humanos, en nuestra Carta Magna como los contenidos en los tratados internacionales, en todos sus programas de gobierno, así como los legisladores, al aprobar leyes y los jueces al momento de resolver cualquier juicio en donde exista controversia ya sea entre particulares o entre estos y el Estado. De acuerdo con el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes, las cuales son los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y todos aquellos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siendo de este modo normas supremas de nuestra Carta Magna. El Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales, universales e interamericanos en materia de Derechos Humanos. Los tratados internacionales pueden ser utilizados para complementar y generar una retroalimentación entre el derecho interno y el derecho internacional de Derechos Humanos, siendo esto reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.