LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES INDÍGENAS COMO DERECHO HUMANO

Abstract

En los últimos años, los países de América Latina han enfrentado algunos de los retos más importantes respecto a la consolidación y fortalecimiento de la democracia; así como, el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; entre ellos, la inclusión de las mujeres y su participación en la vida política, por una parte; y por otra, el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, quienes basan su derecho electoral en usos y costumbres. La democracia, como idea y como concepto de carácter universal, se remonta a los griegos, refiriéndose a un poder auto instituido y ejercido por la totalidad de los ciudadanos a partir de una lógica de igualdad que pretende incluir al conjunto social en la esfera política de la toma de decisiones (Castaños et al., 2012). En el caso de México, la historia electoral se ha centrado precisamente en la defensa y en el desarrollo pleno de los derechos político-electorales, cuyo objeto principal consiste en erradicar actos de discriminación, tal como lo señala el párrafo quinto del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice, “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” No obstante que los avances han sido notables, aún hay mucho camino por recorrer, pues en muchos casos a pesar de que, se ha visto acelerada la participación de las mujeres en los niveles de representación y en la toma de decisiones políticas, podemos decir, que estamos lejos de garantizar que al menos un grupo considerable de mujeres puedan ser escuchadas y que aseguren la discusión plural de problemas de intereses a la que toda democracia verdaderamente inclusiva debe aspirar.

Recordemos que, históricamente las mujeres se han situado en desventaja para competir y acceder a los cargos de elección popular, por lo que se ha tenido la necesidad de establecer políticas, mecanismos o medidas necesarias para promover o garantizar la inclusión y participación de las mujeres en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración de los órganos de representación y en la toma de decisiones públicas, ello, además, como parte de los derechos humanos de los que son titulares y de los cuales deben gozar. A su vez, los indígenas han sido otro grupo vulnerable en el ámbito social y político electoral, pues se han mantenido persistentes en la lucha por lograr que se les incluya en la vida política del país, pero con base en el reconocimiento y respeto a sus usos y costumbres, logrando en gran medida que se les reconozca una serie de derechos, entre ellos los de libre determinación, autonomía y autogobierno. No obstante, ello, aún falta bastante por hacer, puesto que todavía existen dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres de estas comunidades, para acceder a la justicia y a los cargos de representación política, pues se observa una escasa participación y pocas opciones para ellas. En una democracia representativa la preocupación básica es garantizar la igualdad, tarea nada fácil, al menos en la sociedad mexicana, pues se tiene una sociedad multicultural, en la cual se deben fijar los límites al multiculturalismo respetando también la dignidad humana y propiciando la vigencia de los derechos humanos. Siguiendo esta línea argumentativa, si el ideal de la democracia radica en que todo el espacio político pertenece a toda la ciudadanía, su efectividad estará precisamente en la participación equilibrada entre hombres y mujeres de todos los sectores sociales, a fin de lograr la igualdad política y por ende una democracia incluyente. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el tema de la participación política de las mujeres, pero no desde la perspectiva de los mecanismos ya implementados para hacer efectivo el acceso de las mismas al poder público (cuotas de género, paridad de género, acciones afirmativas), sino desde la perspectiva de los derechos humanos, en tanto la manera en la cual se les ha permitido participar en la forma de gobierno al interior de las comunidades indígenas, sin que esto implique una vulneración a los usos y costumbres de dichas comunidades y aún menos a los derechos humanos de quienes las integran, en específico de las mujeres.