DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE SANO: TRIBUNALES AMBIENTALES QUE HAGAN EFECTIVA SU TUTELA

Abstract

Distintos países e instrumentos internacionales han incorporado el derecho a vivir en un medio ambiente sano como un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona de exigir la protección efectiva del medio ambiente en el que se desarrolla, México no ha sido la excepción. Sin embargo, es una realidad que los poderes federales Judicial y Legislativo de nuestro país se han quedado cortos en temas que promuevan la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente para garantizar una tutela efectiva del derecho humano a un ambiente sano en México. Aunado a la problemática que desde sus orígenes hasta la actualidad ha enfrentado el derecho humano a un ambiente sano en México, se enfrenta también a la falta de voluntad para completar la institucionalidad ambiental en México, la cual hoy carece de una herramienta fundamental en su concepción: el poder sancionador especializado en materia ambiental, en gran medida por el sistemático funcionamiento deficiente, no sólo del Poder Judicial Federal, sino también del Poder Legislativo para establecer una ley adjetiva, tribunales ambientales o una ley penal ambiental que pueda incidir en la disminución de la conducta lesiva al ambiente. Lo anterior, además de generar una ineficiente tutela del derecho humano a un medio ambiente sano y un complicado acceso al mismo, también genera en la sociedad un grado de incertidumbre e inseguridad al no contar con los medios jurisdiccionales propios que garanticen la impartición de justicia ambiental pronta, expedita y gratuita, así como el personal calificado que, con su actuar, evite posibles antinomias en la aplicación de la legislación correspondiente y en las resoluciones que adopte en materia ambiental. El tema de la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente nos lleva a la concepción del rol del Estado y del Derecho que implica dejar de lado los paralelismos jurídicos para actuar dentro de una estructura estatal e institucional integral con base en el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano y la obligación de establecer los medios jurisdiccionales que hagan efectiva su tutela.

Los tribunales ambientales, además de asegurar la existencia de una ley procesal, deben permitir a los ciudadanos el acceso a la justicia y al debido proceso, como garantía procesal, para asegurar la tutela efectiva de su derecho humano a un medio ambiente sano, al tiempo que debe permitir e incluso fomentar la participación en la toma de decisiones ambientales por parte de todos los actores de la sociedad, noción fundamental de la justicia y esencia determinante de un verdadero Estado Democrático, de un verdadero Estado de Derecho, razón por la cual el Estado Mexicano debe atender el inadecuado diseño actual de la parte de nuestro ordenamiento jurídico ambiental así como la institucionalidad ambiental que ha dejado inconclusa durante mucho tiempo, asumiendo desde ya, de manera responsable, su obligación de crear tribunales ambientales, con competencia exclusiva e independencia funcional, para que, con su actuar, contribuyan al buen funcionamiento de la sociedad en la toma de decisiones y en su culturización ambiental, todo ello en beneficio propio