EL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO EN LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD VÍA SALVAGUARDA DE DERECHOS

Abstract

La capacidad jurídica de las personas se encuentra vinculado a diversos derechos humanos, de manera enunciativa más no limitativa se señalan los siguientes: el acceso a la justicia, el de debido proceso, al de igualdad y no discriminación, al de una vida independiente, a la privacidad, al de libertad de expresión, al de participación e inclusión en la sociedad. “La capacidad jurídica es el poder para ejercer la elección y el control en las decisiones sobre la vida de una persona, incluidas las decisiones sobre su vida personal, relaciones, atención médica y finanzas o bienes” (Bach, 2022, p. 85); Asimismo, las discapacidades en todas sus tipologías erosionan de una u otra forma la capacidad jurídica, cuando son sometidas a un escrutinio jurisdiccional que tiene como fin que la autoridad defina si la toma de sus decisiones debe recaer en un tercero. Por otra parte, el grupo vulnerable al que pertenecen las personas mayores, es un grupo creciente; es preciso aclarar que intrínsicamente, sus integrantes presentan alguna discapacidad. El objeto del presente trabajo consiste en, analizar la limitación a la autonomía de la voluntad de las personas de la tercera edad que el Estado realiza mediante el derecho de familia, bajo un procedimiento especial que esboza la figura denominada actualmente como salvaguarda de derechos, para estar en posibilidad de establecer si el precitado intervencionismo es el adecuado para limitar la voluntad de estas personas, vislumbrar si el mismo se encuentra en armonía con la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y arribar a una propuesta que contenga como eje transversal los derechos humanos de las personas pertenecientes a este creciente grupo vulnerable