LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN MÉXICO Y EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL: LA INCONVENCIONALIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 A TRAVÉS DE LOS CRITERIOS DE LA SCJN, LOS TRIBUNALES DEL PJF Y CoIDH

Abstract

La prisión preventiva en México, bajo nuestra Carta Magna vigente, nació con ella, en el artículo 20, y si bien es cierto no se llamó oficiosa, desde aquel entonces hasta la fecha, su aplicación ha sido automática en una lista, cada vez más larga de delitos. Desde aquella época hasta ahora la prisión preventiva aplicada de forma automática, ha constituido una violación al derecho humano de presunción de inocencia, ya que el aplicarse de inmediato a una persona sometida a proceso, implica una pena anticipada. Es importante acotar que el imponer la prisión preventiva a un individuo sometido a proceso penal, no es violatorio de derechos humanos, siempre y cuando, previo a su imposición, el órgano jurisdiccional valore su necesidad, idoneidad y proporcionalidad, y siempre bajo el eje rector de ser considerada la última ratio; ya que en un régimen estatal respetuoso de los derechos humanos, el aplicar esta medida cautelar debe darse cuando otras no sean suficientes para garantizar la presencia del detenido en el trámite del proceso penal, el evitar la obstaculización del desarrollo del proceso o existan riesgos hacia la víctima, ofendidos, testigos o peritos. De igual forma es importante puntualizar que, a partir de la reforma constitucional en materia penal del 2008, primer lugar, el legislador reubica la figura a comento del artículo 20 constitucional, al segundo párrafo del 19, en donde, además, se acuña por primera ocasión dos supuestos de la prisión preventiva, la primera de corte oficioso (automática) y la segunda de corte justificado, misma que se rige bajo los conceptos explicados en el párrafo que antecede.