Tercer momento para la promoción del juicio de amparo: Propuesta para la admisión del amparo indirecto contra normas generales sin acto concreto de aplicación

Abstract

El juicio de amparo constituye, quizá, la figura procesal más valiosa y representativa del constitucionalismo mexicano. Desde su nacimiento, ha sido concebido como un instrumento destinado a proteger a la persona frente al poder público, pero también y quizá, de manera más profunda, como un mecanismo para mantener vivo el compromiso del Estado con la supremacía constitucional y la dignidad humana. No obstante, la forma en que tradicionalmente se ha interpretado y aplicado presenta limitaciones que, en el contexto actual, impiden que el amparo despliegue plenamente su potencial preventivo, depurador y garantista. Una de esas limitaciones se ha consolidado alrededor del momento en que el gobernado puede acudir al amparo para impugnar una norma general. Desde la perspectiva clásica, el acceso a la justicia constitucional queda condicionado a la existencia de un acto concreto de aplicación o a la verificación de un daño actual, real y directo. Bajo este enfoque, el individuo debe esperar a que la norma presuntamente inconstitucional le sea aplicada para, recién entonces, estar en posibilidad de cuestionarla. Se trata de un modelo que, aunque históricamente comprensible, hoy genera tensiones evidentes con el mandato constitucional de tutela judicial efectiva y con la obligación de proteger de manera efectiva el respeto y la integridad de los derechos humanos.