Creación de la figura, gestación subrogada, como acto jurídico en la legislación civil mexiquense

Abstract

El derecho humano a formar una familia está ligado con el derecho a la reproducción y a la libertad de decidir de manera libre el número de hijos que cada persona de forma informada y consciente desea tener, lo anterior con el propósito de formar un núcleo familiar y poder así lograr la realización personal, que al final de cuentas es el propósito y plan de vida de cada persona. Sin embargo, muchas veces las personas solteras o parejas enfrentan problemas para poder realizar el propósito de engendrar descendencia, por problemas físicos o bien fisiológicos, que les impiden de forma natural procrear hijos, ya por problemas de infertilidad, ya por esterilidad, pero sea cual sea la razón, el no poder procrear descendencia significa una forma de desigualdad, la limitante de un derecho humano que consiste en decidir el número de hijos que cada persona desea tener. En ese sentido la ciencia médica ha tenido diversos avances en materia de reproducción humana asistida, desde la década de 1970 ha comenzado un avance significativo en el campo de la gestación subrogada, la anterior técnica, como un avance trascendente, para todas aquellas personas que por alguna limitación de infertilidad o esterilidad no pueden tener hijos, de esta manera la gestación subrogada viene a ser un método idóneo para formar una familia y cumplir de esa manera con el derecho humano de decidir libremente el número de hijos. Ahora bien, en nuestro país aún falta mucho camino legislativo que recorrer en esta materia, pues únicamente 2 estados de la república mexicana han legislado en torno a la gestación subrogada, se hace mención del Estado de Tabasco y del Estado de Sinaloa, los cuales han sido pioneros en este tema, dando avances significativos en caso de que se quisiera retomar lo que han legislado. Sin embargo, a pesar de que Tabasco desde el año de 1997 ha regulado la gestación subrogada y Sinaloa desde el año 2013, tal pareciera que los demás estados no se interesan por regular la gestación sustituta, aun y cuando es una realidad social, que se viene dando en diversos estados del país, ello genera problemas de certeza jurídica, por el amplio espectro no legislado en materia de gestación subrogada. Para el caso del Estado de México, no se encuentra regulada la gestación subrogada, suponiendo un estado rezagado en materia de técnicas de reproducción humana asistida, limitando a los mexiquenses a que no puedan acceder de forma segura y legal a este tipo de técnicas, o bien obligan a sus habitantes a salir de la entidad en busca de algún otro estado o país que pueda llevar a cabo esta técnica. En ese orden de ideas el presente proyecto de terminal busca aportar algunos elementos conceptuales y de derecho comparado, que motiven legislar entorno a normar a las técnicas de reproducción humana asistida, siendo específicos a la gestación subrogada, dentro del Estado de México. Así mismo, el presente trabajo de investigación pretende que la gestación subrogada sea vista como un contrato con el cual las partes que intervienen en el mismo tengan certeza jurídica al momento de contratar, tanto los padres que tiene la intención de serlo, como la madre gestante, aquella que ha de prestar su vientre para la gestación del nuevo ser, actualmente no se cuenta con un esquema jurídico que dé certeza a los actos derivados de una gestación subrogada, urge reconocer en primer lugar el fenómeno que se da en la realidad, pero también urge reconocerlo objetivamente a través de su positivización en la legislación civil del Estado de México. Reconocer a la gestación subrogada como un acto jurídico, como un contrato, supondrá la regulación expresa de una técnica de reproducción humana que hoy por hoy no se encuentra reglamentada en el estado de México, más allá del debate ético, que tiene como base si es correcto o incorrecto su aplicación, esta es la realidad fáctica, aquella que indica que en el Estado de México se lleva a cabo este procedimiento sin que medie una auténtica normativa que otorga los intervinientes certeza jurídica.