Resumen:
La Ley de Amparo en México, particularmente en su artículo 107, fracción IV,
establece una limitación para acceder al juicio de amparo indirecto tratándose de
actos intermedios en los procedimientos de ejecución de sentencia, permitiendo su
impugnación únicamente en contra de la última resolución dictada en dicho
procedimiento. Esta disposición, cuya supuesta finalidad es evitar la saturación del
sistema de justicia, ha generado en la práctica una serie de desafíos en la protección
de los derechos fundamentales de las personas, tales como el acceso a una justicia
pronta y la seguridad jurídica.
El problema de investigación se centra en cómo esta restricción en el amparo
indirecto afecta a los derechos fundamentales de los quejosos. En muchos casos,
al impedir la impugnación de actos intermedios, el quejoso queda expuesto a
violaciones graves, tales como notificaciones irregulares, embargos que no cumplen
con las formalidades legales, y la actuación de autoridades incompetentes. La
imposibilidad de cuestionar estas actuaciones hasta el final del procedimiento de
ejecución puede resultar en daños irreparables y una prolongada vulneración de
derechos fundamentales, lo cual suscita dudas sobre la efectividad y adecuación de
esta disposición legal.
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