La reciente firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (2008), por parte de diferentes actores sociales en México, ha conllevado al establecimiento de un nuevo alcance para la noción de seguridad en el país y, con ello, un cauce distinto a las estrategias contra el crimen y la violencia, trasladándolas a la profundización en el uso de dispositivos de vigilancia y administración de la población y control social, así como de gestión de riesgos, en tanto se localiza ahora la raíz de la violencia y el crimen en "familias y comunidades enteras". El presente documento analiza la reconfiguración de las políticas de seguridad en México durante una década (1995-2008), desde la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (1995), el Plan Nacional de Seguridad Pública, dentro de la llamada Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia (1998) y el Acuerdo antes referido; reparando en el papel que ha jugado la seguridad privada en las estrategias de seguridad del país, al proveerlas de tecnología, logística, recursos humanos, etc. Para ello se revisa la interacción de organismos no públicos de seguridad con Estados con instituciones políticas de tipo clientelar y democráticamente poco consolidadas.