Desde principios de la década de los ochenta, la política económica del país se ha enfocado en la reducción de los altos niveles inflacionarios aun a costa de un menor crecimiento económico, con los efectos negativos sobre el empleo que esto implica. Entre otras razones, se argumenta que en períodos de alta inflación la capacidad adquisitiva del ingreso de la población se reduce, la tasa de interés se incrementa, la competitividad del país en los mercados internacionales desciende y que los precios relativos dejan de cumplir su función esencial de contribuir a una asignación eficiente de los recursos productivos.