La actual reforma del proceso penal en Latinoamérica vive el tránsito del paradigma del Estado racional que, al ejercer la justicia punitiva, dota de sentido al proceso penal, otorgándole más facultades al juez, pasa al paradigma del sistema de justicia penal como marco de discusión y gestión de un conflicto de intereses surgido a consecuencia de la comisión de un delito, donde las partes, como interesados en que se resuelva, comparten protagonismo con el juzgador. En este artículo desarrollaremos ambos paradigmas y las consecuencias que originan para el proceso penal, a fin que se considere cuál de las dos presenta mayor garantía y eficiencia para la sociedad.