La problemática teórico práctica del proceso constitucional en México (1987-2012)

Abstract

El lunes 10 de agosto de 1987, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma que perfilaba la delineación del proceso constitucional de amparo “para mantener incólume la supremacía de la Constitución… el respeto y exacto cumplimiento del orden jurídico nacional,” mediante las instancias del recurrente Con relación al orden jurídico de las entidades federativas, en el 2000 se establecieron procesos constitucionales dirigidos a la realización de sus constituciones, protegiéndose de manera subsidiaria, la supremacía del orden fundamenta. En 2011, se configuró el proceso constitucional de acuerdo con las reformas en materia de derechos fundamentales, de amparo y en términos del enjuiciamiento contenido en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con el cumplimiento de las sentencias condenatorias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió contra del Estado mexicano Por lo tanto, en el periodo de veinticinco años (1987-2012), y un lustro más, los procesos constitucionales se han dirigido a la realización del orden jurídico mexicano y, lo más importante, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 Sin embargo, su entendimiento teórico y práctico es ambiguo, lo que motiva a dudas, incertidumbre o confusión, en la interminable problemática del control del poder y de la eficacia de los derechos de las personas. Justamente, el enjuiciamiento de los conflictos relacionados con las normas constitucionales puede ser analizado por la teoría general del derecho procesal; sin embargo, este enjuiciamiento también es examinado por otras teorías que lo conciben con sus propios conceptos y principios, al tiempo que le asignan diferentes denominaciones que no tienen el mismo sentido y alcance, porque “… se han manejado con bastante imprecisión respecto a la tutela de las normas fundamentales”. Estas denominaciones del enjuiciamiento son control, justicia, jurisdicción y derecho procesal, constitucionales. Asimismo, la aplicación práctica de los procesos constitucionales no tiene univocidad en el derecho que los regula, sino se requiere un amplio conocimiento en las normas para saber cuáles son las que se deben utilizar para instarlos. Por lo tanto, para una posible solución del problema indicado es necesario analizar el objeto de estudio, con fundamento en la teoría general del derecho procesal. Igualmente, una base para la realización del referido análisis es observar lo dispuesto por el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que establece que las partes dogmática y orgánica son los componentes de la Constitución. Sin embargo, se tiene la idea que el orden fundamental tendría tres partes: la dogmática que reserva derechos fundamentales; la orgánica que establece la configuración, representación y ejercicio del poder; y, la procesal que se dirige a la realización del derecho del orden fundamental. De la parte procesal mencionada dependería la vida misma de la Constitución. Sin esta parte quedaría el imperativo orgánico que prevé la revolución que devolvería la vida al orden constitucional violado, ignorado o incierto. En este contexto, la existencia de la parte procesal puede realizarse previendo los procesos constitucionales en el propio texto constitucional; o bien, dicha parte procesal puede crearse en un título de la Constitución de Querétaro; o, se puede ordenar la emisión del “código de procesos constitucionales”, tal como ahora de manera implícita lo dispone el artículo 1, con relación a los procesos constitucionales de la libertad, conforme lo indicado en el apartado siguiente: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea, parte, así como de las garantías para su protección…”