Resumen:
El envejecimiento poblacional es uno de los elementos que han caracterizado al siglo XXI, de acuerdo a datos publicados por el Banco Mundial (2016) para 2015 8.27 por ciento de la población total tenía 65 años de edad o más, cifra que para finales del año 1960 tan solo era de 4.99 por ciento. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), estima que para 2050 la proporción de adultos mayores alcance el 22 por ciento de la población total.
Ante los inminentes cambios demográficos en el mundo, es preciso reconocer que, el incremento del número de habitantes longevos conlleva repercusiones importantes en aspectos que comprenden temas sociales, culturales, económicos, entre otros. Dichos efectos deberán ser atendidos desde una concepción realista de las necesidades específicas de este grupo etario, el cual desafortunadamente se ha distinguido por mantener un fuerte vínculo a los diferentes tipos de riesgos (carencia de seguridad económica, limitado acceso a atención médica, reducción del mercado laboral).
En este contexto, resalta como una de las exigencias más urgentes la seguridad en el ingreso. Dicha seguridad se encuentra claramente afectada por la reducida cobertura de los sistemas de pensiones; en América Latina y el Caribe se estima que poco más de cuatro de cada diez adultos mayores disfruta de una pensión y para el año 2050 entre 47 y 60 por ciento no podrá acceder a una renta fija (Bosch, 2013), en el caso de México, esta cifra es igualmente baja, pues únicamente 23 por ciento de la población de 65 años o más goza de una pensión y, particularmente en el Estado de México cerca de 80 por ciento no cuenta con un ingreso mensual fijo derivado de una pensión (Villegas y Montoya, 2014).
Por lo anterior, la presente investigación tiene como principal objeto proponer una pensión universal no contributiva para los habitantes de 65 años o más del Estado de México y, calcular los costos derivados de su implementación. De este modo, se toman como punto de partida los fundamentos de las pensiones y su vigencia ante el
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acelerado envejecimiento poblacional, específicamente bajo las condiciones demográficas, económicas y sociales, que enfrenta la población de 65 años o más del Estado de México.
