Resumen:
En la época reciente, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado han
construido cada vez más, lazos de dependencia. En este trabajo de investigación
justamente se busca observar cómo actos cotidianos que realizan las personas,
trascienden a la esfera pública, de tal manera que la dependencia sobre la que
pretende construir una relación entre el derecho público y privado se origina en la
demanda constante que tienen los ciudadanos de la seguridad proporcionada por las
autoridades, pero del otro lado, para el Estado, la intervención de los individuos para
alimentar los recursos públicos que le permiten funcionar en beneficio de la sociedad.
Para explicar esa forma de interacción que difícilmente se encuentra en los
textos de derecho público, se utiliza como ejemplo el contrato de compraventa civil
de un bien inmueble. Esto se debe a que es uno de los actos que con mayor frecuencia realizan las personas, para incorporar un inmueble a su patrimonio. El
contrato es un documento que requiere cumplir con ciertas formalidades y requisitos,
sin embargo, las personas a veces deciden no acudir ante una notaría pública para
formalizar el acto. En otras ocasiones, también se cree que es demasiado oneroso
hacerlo, ya que aparte de pagar los honorarios del notario público, es necesario
cubrir las contribuciones (fiscales) a que están obligadas las personas cuando
realizan ese tipo de operaciones. En este caso, muchos ciudadanos manifiestan no
tener los suficientes recursos económicos para cumplir con esas formalidades.
Resulta difícil en ese sentido considerar dos aspectos. Por un lado, el
comprador que cumple con el pago del inmueble, supone que con eso es suficiente,
y por otra parte, el vendedor considera que no tiene por qué pagar un impuesto por
vender su propiedad. Ambas partes, comprador y vendedor, olvidan que toda
persona tiene derechos, pero también obligaciones y si se cumple con estas, el
Estado se encuentra en la posibilidad de proteger esos derechos y alcanzar otras
metas de interés colectivo.
Si se observa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay
normas que regulan los derechos humanos, pero también que establecen
obligaciones tanto para las autoridades como para los ciudadanos. En este sentido,
el artículo 31 Fracción IV señala que los mexicanos debemos contribuir para los
gastos públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de México o del Estado y
Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes.3
Por lo que al cumplir con las obligaciones fiscales que inciden en la
celebración de los contratos de compraventa, el Estado protege a las partes, sobre
todo al adquirente, dando seguridad jurídica a través de las Instituciones
gubernamentales y judiciales correspondientes, ya que éste al obtener ingresos
mediante las contribuciones establecidas en la ley, podrá llevar a cabo una buena
actividad financiera, aplicando debidamente los recursos para el sostenimiento y
oferta de los servicios públicos que requiere o necesita la población. En este caso, se
incluye también la protección misma de la propiedad privada.
Por este motivo, es conveniente que el Estado incremente la publicidad de las
campañas de regularización de bienes inmuebles que realiza en las entidades y
municipios, para que los poseedores a título de dueños inscriban en el Registro
Público de la Propiedad o bien, en el Instituto de la Función Registral del Estado de
México, sus predios, a fin de que surtan los efectos jurídicos que le dan certeza de su
propiedad y así tener el dominio legal.
De esta manera se percibe un beneficio tanto para el particular como para el
Estado, ya que este último incrementa sus ingresos públicos aun cuando las tazas,
tarifas o cuotas de las contribuciones, contengan algún tipo de exención. Pero
decimos que también resulta atractiva para el particular al regularizar dichos
inmuebles, ya que los gravámenes posteriores serán constantes para el fisco, y las
compraventas entre particulares tendrán más seguridad al quedar inscritas en las
oficinas registrales. Con esto se da la publicidad legal correspondiente, y así el
comprador puede consultar fácilmente quién es el legítimo propietario del predio que
pretende adquirir. Esto puede evitar engaños y ventas fraudulentas, a largo y corto
plazo.
Asimismo, se observa que se logran minimizar los problemas derivados de la
realización de compraventas de inmuebles, ya que, de esta práctica entre
particulares en el ámbito del derecho privado, nace una relación jurídica, con
repercusiones en el terreno del derecho público. Es por estos motivos que la
celebración de los contratos de compra venta civil de bienes inmuebles se incide en
una relación inevitable entre el derecho privado y público, en donde los efectos
pueden percibirse en ambos terrenos.
Descripción:
El Estado tiene encomendada la realización de funciones púbicas que den
armonía al ser humano que vive en sociedad, organizando y procurando el bienestar
colectivo, ya que su objeto es la de satisfacer las necesidades colectivas, como
proporcionar: servicios de salud, seguridad, educación, entre otros, por lo que
requiere de ingresos y una buena administración para que tenga resultados óptimos
en su aplicación. La actividad financiera que realiza el Estado y las disciplinas que lo
estudian, así como el derecho financiero y el derecho fiscal, tienen en común la
economía y las finanzas para la obtención y aplicación de los recursos monetarios.
Con lo anteriormente referido en este capítulo, es claro que el derecho privado
con el derecho público se relacionan, ya que el Estado a través del Registro Público
de la Propiedad de algunas entidades o el Instituto de la Función Registral del Estado
de México, otorga derechos a sus gobernados, cuando estos cumplen con todas y
cada una de sus obligaciones fiscales en la celebración de los contratos de
compraventa de inmuebles.
Esto tiene que ver con la seguridad y certeza jurídica de los contratantes, ya
que para que no haya problemas de índole privado y hasta de repercusiones
públicas, es necesario acudir a la oficina registral, es decir, dar cumplimento a
obligaciones de derecho público, derivadas de un acto en derecho privado. Con ello
se pueden evitar engaños, fraudes, doble venta, y daños en el patrimonio de las
personas, ya que al saber quién es el verdadero dueño de ese inmueble, se pueden prevenir diversos conflictos legales, sobre todo porque en este tipo de contrato, hay
una intención de adquirir legalmente un bien.
Bajo estas circunstancias, es factible que cuando haya un problema entre
particulares, sea posible resolverlo en los Tribunales de Orden Civil, mediante
nulidad de contrato, recisión de contrato, algún interdicto de retener la posesión o
recuperarla, usucapión, o alguna otra acción de esta índole. O bien se convierte en
un asunto de orden público e interés general, pues puede conllevar fraude, abuso de
confianza o alguna otra figura del derecho penal. La inseguridad jurídica provocada a
raíz de la falta de cumplimiento de requisitos legales constituye un problema
contemporáneo del derecho.
En términos generales, se puede observar la inevitable relación entre dos
terrenos jurídicos que a veces se cree que son distantes, es decir, el derecho público
y el privado, pero que, gracias a la incidencia fiscal y financiera de un contrato, en
donde a manera de ejemplo se utilizó el caso del contrato de compraventa, se
demuestra claramente dicha relación.