LA INCIDENCIA FISCAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA CIVIL DE BIENES INMUEBLES: UNA RELACIÓN INEVITABLE ENTRE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO.

Abstract

En la época reciente, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado han construido cada vez más, lazos de dependencia. En este trabajo de investigación justamente se busca observar cómo actos cotidianos que realizan las personas, trascienden a la esfera pública, de tal manera que la dependencia sobre la que pretende construir una relación entre el derecho público y privado se origina en la demanda constante que tienen los ciudadanos de la seguridad proporcionada por las autoridades, pero del otro lado, para el Estado, la intervención de los individuos para alimentar los recursos públicos que le permiten funcionar en beneficio de la sociedad. Para explicar esa forma de interacción que difícilmente se encuentra en los textos de derecho público, se utiliza como ejemplo el contrato de compraventa civil de un bien inmueble. Esto se debe a que es uno de los actos que con mayor frecuencia realizan las personas, para incorporar un inmueble a su patrimonio. El contrato es un documento que requiere cumplir con ciertas formalidades y requisitos, sin embargo, las personas a veces deciden no acudir ante una notaría pública para formalizar el acto. En otras ocasiones, también se cree que es demasiado oneroso hacerlo, ya que aparte de pagar los honorarios del notario público, es necesario cubrir las contribuciones (fiscales) a que están obligadas las personas cuando realizan ese tipo de operaciones. En este caso, muchos ciudadanos manifiestan no tener los suficientes recursos económicos para cumplir con esas formalidades. Resulta difícil en ese sentido considerar dos aspectos. Por un lado, el comprador que cumple con el pago del inmueble, supone que con eso es suficiente, y por otra parte, el vendedor considera que no tiene por qué pagar un impuesto por vender su propiedad. Ambas partes, comprador y vendedor, olvidan que toda persona tiene derechos, pero también obligaciones y si se cumple con estas, el Estado se encuentra en la posibilidad de proteger esos derechos y alcanzar otras metas de interés colectivo. Si se observa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay normas que regulan los derechos humanos, pero también que establecen obligaciones tanto para las autoridades como para los ciudadanos. En este sentido, el artículo 31 Fracción IV señala que los mexicanos debemos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de la Ciudad de México o del Estado y Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.3 Por lo que al cumplir con las obligaciones fiscales que inciden en la celebración de los contratos de compraventa, el Estado protege a las partes, sobre todo al adquirente, dando seguridad jurídica a través de las Instituciones gubernamentales y judiciales correspondientes, ya que éste al obtener ingresos mediante las contribuciones establecidas en la ley, podrá llevar a cabo una buena actividad financiera, aplicando debidamente los recursos para el sostenimiento y oferta de los servicios públicos que requiere o necesita la población. En este caso, se incluye también la protección misma de la propiedad privada. Por este motivo, es conveniente que el Estado incremente la publicidad de las campañas de regularización de bienes inmuebles que realiza en las entidades y municipios, para que los poseedores a título de dueños inscriban en el Registro Público de la Propiedad o bien, en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, sus predios, a fin de que surtan los efectos jurídicos que le dan certeza de su propiedad y así tener el dominio legal. De esta manera se percibe un beneficio tanto para el particular como para el Estado, ya que este último incrementa sus ingresos públicos aun cuando las tazas, tarifas o cuotas de las contribuciones, contengan algún tipo de exención. Pero decimos que también resulta atractiva para el particular al regularizar dichos inmuebles, ya que los gravámenes posteriores serán constantes para el fisco, y las compraventas entre particulares tendrán más seguridad al quedar inscritas en las oficinas registrales. Con esto se da la publicidad legal correspondiente, y así el comprador puede consultar fácilmente quién es el legítimo propietario del predio que pretende adquirir. Esto puede evitar engaños y ventas fraudulentas, a largo y corto plazo. Asimismo, se observa que se logran minimizar los problemas derivados de la realización de compraventas de inmuebles, ya que, de esta práctica entre particulares en el ámbito del derecho privado, nace una relación jurídica, con repercusiones en el terreno del derecho público. Es por estos motivos que la celebración de los contratos de compra venta civil de bienes inmuebles se incide en una relación inevitable entre el derecho privado y público, en donde los efectos pueden percibirse en ambos terrenos.