Robustecimiento de la acción de inconstitucionalidad como instrumento de control del poder. El caso que la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México

Abstract

La acción de inconstitucionalidad tiene la finalidad de salvaguardar la supremacía constitucional. La Suprema Corte, además, ha sostenido que es un mecanismo protector de las minorías parlamentarias y, al interpretar el diseño constitucional sobre legitimación procesal, ha establecido que esas minorías pueden promoverla, aunque no hubiesen votado en contra de la norma general impugnada. En ese contexto, puede emplearse para legitimar los actos del poder público y dirimir controversias metajurídicas. Así ocurrió en la impugnación promovida por 51 de 75 integrantes de la LIX Legislatura mexiquense, en contra de un ordenamiento que ellos mismos aprobaron: la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. Dicha Ley, desde el inicio de su discusión parlamentaria, provocó fuertes reacciones políticas y sociales, por lo que era necesario obtener un respaldo jurídico que contribuyera a su aceptación, de modo que el mecanismo legitimador pretendía un pronunciamiento judicial para justificar su constitucionalidad y pertinencia. Este fenómeno se analiza desde la perspectiva de la Teoría del Rombo de Miguel Covián, cuyos elementos centrales son los controles de legalidad y legitimidad a los que se sujeta todo acto de poder público. La sentencia de la Corte sobreseyó el medio de control constitucional, en virtud de actualizarse dos causales de improcedencia: la falta de legitimación procesal y la ausencia de conceptos de invalidez, pues en realidad, se trataba de una solicitud de opinión para obtener un criterio orientador de la actividad parlamentaria. Se argumentó que la acción de inconstitucionalidad corresponde a las minorías parlamentarias, que deben contar con una base mínima del 33% de los miembros de la asamblea, pero que no pueden exceder el número de legisladores que, por sí mismos, hubieran podido rechazar o modificar la norma impugnada. Los accionantes representaban el 68% de la Legislatura mexiquense, es decir, una mayoría destacada que asumiría, al mismo tiempo, el carácter de parte actora y demandada. Siguiendo este criterio, bastaba con que la acción la hubiese promovido un grupo minoritario de la Legislatura, es decir, más del 33% pero menos del 50%, para haber conseguido un pronunciamiento de fondo del máximo tribunal, que legitimara el acto supuestamente controvertido, a pesar de que los promoventes hubiesen votado a su favor. Por ello, se afirma que la falta de mecanismos normativos para blindar los requisitos de procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, denota una estructura jurídica deficiente, que debe corregirse mediante una reforma constitucional y legal, que incluya expresamente como requisito de procedencia para los legisladores, que éstos hayan manifestado previamente, expresa o tácitamente, su desacuerdo con la norma impugnada.